La malversación es una conducta delictiva que lleva a cabo una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuando realiza algún tipo de administración desleal del patrimonio público. El resultado de la misma no siempre es consecuencia de la apropiación indebida.
La sección segunda del capítulo de la defraudación del código penal, recogida por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, cuya última reforma entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015 con la Ley Orgánica 1/2015 refiere penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, dentro de la sección de administración desleal, entendida la multa en función del criterio del juez a la hora de computar el baremo temporal impuesto, pero sobre todo con unos mínimos y máximos de pena en prisión.
Las cantidades invertidas en libros, que ahora gestionan y compran los propios centros en un gran número de casos, significan cantidades elevadas de dinero, aunque el impacto de una decisión incorrecta, o fruto de la manipulación, podría generar un desorden de impacto mucho mayor por motivo de los daños educativos en unos niños a los que se les despoja del derecho de estudiar en la lengua elegida por sus padres, lengua materna en la mayoría de casos y motivo por el cual se puede dar lugar a una grave discriminación entre ellos.
El código penal dice que aquellos que administren patrimonio ajeno, infrinjan o se excedan de sus facultades causando perjuicio al patrimonio administrado, se les aplicará una pena que tiene relación con diversos factores, como: la cantidad de dinero malversada, el perjuicio de las víctimas, si afecta a un menor o mayor número de personas… Como esta cuestión no solo trata de dinero sino también de educación, discriminación y de unos daños que podrían ser irreparables en los niños, los cambios arbitrarios en la designación de lenguas vehiculares podrían ser considerados delito, si no se tienen en cuenta los programas lingüísticos de centro que realmente deben ser aplicados, ante un caso evidente de desobediencia al tribunal, de prevaricación, y de malversación de fondos públicos ante los intentos de apoyo a la imposición lingística
La Consellería pretende imponer el valenciano a toda costa, pero al haberse suspendido el decreto de plurilingüismo ahora busca artimañas jurídicas para alcanzar el mismo objetivo, aunque estas actuaciones no están exenta de riesgos penales, por motivos de desobediencia, de prevaricación, y también de malversación de fondos públicos, que pueden responsabilizar penalmente a cargos de la administración y a directores de los centros.
La última manipulación emprendida por la Consellería va más allá de la aplicación del proyecto de plurilingüismo, ya que éste solo se iba a aplicar en el curso que viene en la etapa de Infantil, de manera ordinaria. Sin embargo, ahora se pretende hacer por vía de modificación de los programas lingüísticos de centro y de compra de libros en valenciano, aspecto que se está generalizando en toda la Comunidad con el apoyo del proyecto Xarxa Llibres, que en cada colegio se implanta y gestiona con diferente casuística, pero hay muchos que están gestionando la compra de libros desde los propios centros. Se trata de un proyecto que ahora se está convirtiendo en nuevo instrumento manipulador para imponer el valenciano en la comunidad. Hay centros en los que son los consejos escolares de los centros los que están determinando la compra de libros en valenciano. En otros casos están publicando listas para que los padres compren los libros en valenciano.
Los padres denuncian situaciones irregulares en la toma de decisiones en los consejos, ya que pueden ser ilegales, y en algunos casos ni siquiera se somete a votación. Todo ello acompañado de la práctica generalizada de no difundir actas ni acuerdos adoptados que agravan una gestión que da lugar a que muchos padres estén en el límite de desesperación, al comprobar que la dictadura lingüística del valenciano se impone aún así con el decreto en suspensión, con estas nuevas artimañas que multiplican el avance de imposición.
Idiomas y Educación está en fase de preparación de modelos para que los padres puedan solicitar información de los acuerdos adoptados en el último consejo escolar, y puedan advertir al director del centro, que también es presidente del consejo escolar (en virtud del decreto 233/1997) sobre la negligencia y la responsabilidad penal que puede significar realizar una compra de libros si no se respetan correctamente las lenguas vehiculares a las que corresponde la legislación en vigor. Podría tratarse de una malversación con implicaciones graves y discriminatorias, al generar daños irreparables en los niños, dándose el caso de que éstos están protegidos por una legislación que regula el currículo y el procedimiento de aplicación de lenguas vehiculares, que con la legislación actal debe tener en cuenta la elección de los padres, por lo que podrían estar relacionadas con la lengua materna de los niños.
Por otra parte Idiomas y Educación ha comprobado que se están manipulando los Programas Lingüísticos de Centro, aprovechando que no ha habido transparencia en la difusión de actas o de las decisiones tomadas en el consejo escolar, incumpliendo de manera grave el artículo 66 del decreto 233/1997, de Reglamento Orgánico y Funcional de Centro, que dice así:
De cuantas decisiones se tomen en el consejo, se informará a los distintos sectores representados, exponiéndose en el tablón de anuncios un extracto de los acuerdos adoptados. Además, en la primera reunión que se realice al principio de curso el consejo escolar decidirá el procedimiento más adecuado para garantizar la máxima difusión de los acuerdos adoptados. En todo caso se informará a las asociaciones de padres y madres de alumnos y al claustro de profesores.
Tanto padres como Ampas deben ser exigentes y rigurosos en la transparencia de estos documentos, con el fin de evitar una manipulación que nos consta ya en diversos centros, ante la denuncia de algunos padres. Para evitar la manipulación del PLC en vigor, Idiomas y Educación propone que sean los propios padres los que declaren en qué lenguas se impartía cada materia en el curso 2016/2017, al mismo tiempo que denuncien la práctica de la imposición de un nuevo PLC, aunque Idiomas y Educación está trabajando en nuevas líneas de análisis para ayudar a padres en el objetivo de evitar este nuevo despropósito de chantaje de los dictadores lingüísticos.
EXPLÍCANOS TU CASO
Idiomas y Educación cuenta con un formulario para que los padres nos dejen su correo electrónico, o teléfono, y podamos mantenerles informados. En el campo de observaciones puedes contarnos tu caso:
FORMULARIO: http://www.idiomasyeducacion.es/contacto/formulario-de-contacto
No estic d’acord. El projecte d’un centre i, la llibertat de càtedra no es pot vulnerar. Ho enteneu, no?
Estimado Rafael, esto no es libertad de cátedra. Esto es manipulación del programa lingüístico de centro. Precisamente usas el término libertad cuando lo que tenemos aquí es imposición y dictadura. Con el decreto del chantaje en suspenso los padres recuperamos, de nuevo, la libertad de elegir lengua con nuestros hijos.