Idiomas y Educación considera necesario reiniciar el proceso de escolarización para volver a las líneas en castellano o valenciano, y denunciará a los responsables si no reaccionan al auto del Tribunal.

El proceso de escolarización se ha realizado incorrectamente, dado que los padres no han señalado la secuencia de prioridad de los centros deseados según el Decreto 2012, el que está vigente ahora, con la suspensión del Decreto 2017. Es decir, estamos de nuevo en el modelo de líneas en castellano y valenciano en el que los padres eligen, y por tanto hay que escolarizar correctamente.

La imposición y el chantaje recae sobre la educación de los niños.

Tanto Mónica Oltra como Vicent Marzà han amenazado que aún a pesar de la suspensión del Tribunal, se ofertarán niveles altos (mucho valenciano) ya que eso lo que han pedido los centros. Eso no es cierto porque los centros no han pedido esos niveles, sino que se corresponden con la imposición, la manipulación y el chantaje. Los centros no han solicitado nada, han sido víctimas de la apisonadora lingüística. Por tanto, ante esas declaraciones queda evidencia de que el Consell no va a respetar los autos del tribunal.

La situación ha generado una gran incertidumbre entre los padres ante la inacción de la Consellería. Idiomas y Educación exige que finalicen de una vez las amenazas de imposición lingüística. El nuevo decreto genera desigualdades y produce daños irreversibles entre los niños, por lo que esta asociación exige:

MANTENER EL NÚMERO DE LÍNEAS EN CASTELLANO, con la rigurosa aplicación del decreto 2012 y respetando las lenguas vehiculares de las materias.

LIBROS DE TEXTO EN LA MISMA LENGUA EN QUE SE IMPARTIRÁN LAS MATERIAS, bien sea en la línea de valenciano o castellano.

INICIO INMEDIATO DE UN NUEVO PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN, ante el gravísimo incumplimiento por parte de la Consellería.

La realidad es que el decreto 2017 ni siquiera se ha aplicado correctamente, ya que cuenta con diversas irregularidades según la propia Resolución de 3 de febrero:

■ No se han respetado los contextos sociolingüísticos de los centros, ya que no se han realizado estudios ni tampoco se ha publicado nada en ninguno de ellos, como exigía el apartado Cuarto.8 de la Resolución 3 de febrero.

■ Se han manipulado los sistemas informáticos incorporando PLDs (Programas Lingüísticos de Centro) antiguos, que por tanto bloquean los niveles bajos.

■ No se ha publicado resolución en cada centro para determinar el nivel lingüístico. Ni siquiera en el tablón de anuncios de los centros, aspecto que consta en el primer párrafo de la Resolución, y también en el apartado Cuarto. 10

■ Los padres no han estado representados ni tampoco informados. Todo se ha gestionado con objeto de que ni siquiera sea advertido por la comunidad educativa de cada centro.

■ La Consellería ha decidido niveles altos allá donde han sido rechazados.

La asociación también insiste en señalar que el decreto no tiene el aval del Ministerio, como dijo hace unos días Ximo Puig y que ayer mismo repitió Marzà en su entrevista en La Ser. No es cierto. Y además, la propuesta de ofrecer horas a la autonomía de centros no garantiza que se empleen en el incremento de horas de inglés ni de castellano. La respuesta que dio Marzà a las exigencias del Ministerio no pasa de un nuevo  desprecio y una burla para reírse todavía más de los padres.

Idiomas y Educación defiende que los padres puedan elegir lenguas vehiculares en la enseñanza, permitiendo a una gran parte de los niños la posibilidad de estudiar sus materias troncales en lengua materna. La asociación rechaza que sus hijos sean víctimas de los resentimientos del pasado. A ellos les preocupa el futuro, y el siglo XXI se presenta exigente, en el que el dominio de las lenguas será una habilidad demandada de forma preferente en donde cada una presenta diferente posicionamiento y distinta aplicación en los sectores económicos de cada territorio.

Consecuentemente, en caso de que la Consellería no reaccione, EN TODA SU AMPLITUD, a las decisiones del Tribunal y también en el supuesto de que la propia Fiscalía no actúe de oficio, esta asociación declara que luchará por el cumplimiento de las resoluciones del TSJ, por lo que denunciará a los responsables y ofrecerá las oportunas indicaciones a padres, las ampa, plataformas y otros colectivos para que realicen las oportunas gestiones, recursos, denuncias o querellas, hasta que la justicia se aplique correctamente y en todo su ámbito.

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