La dictadura lingüística restringe el español en Educación, lengua global, a pesar de que por cada niño valencianohablante hay 16 castellanohablantes. El ejemplo corresponde a un análisis de contexto lingüístico de un municipio de varias decenas de miles de habitantes en la provincia de Valencia.
El estudio, realizado en un colegio de Alacuás, indica que un 5 % de los alumnos habla solo en valenciano, y un 81 % solo en castellano, es decir, relación de 1 a 16 veces. El 14 % restante habla habitualmente en las dos lenguas. En cuanto a madres y padres, hay una tercera parte que sabe hablar en valenciano.
Los estudios lingüísticos de análisis de contexto de comunidad educativa son exigidos para realizar cambios en el Programa Lingüístico de Centro (PLC), de manera que los porcentajes que se aplica en cada lengua deben estar justificados con la encuesta de lenguas entre la población. La realidad de esta población, Alacuás, es que los colegios cuentan con una media del 60 % de presencia en valenciano, mientras que el castellano no alcanza el 30 %, según lo publicado en la guía de centros docentes de la consellería de Educación http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/consulta-general Las encuestas, por tanto, de 16 veces a 1 de predominio castellano, se traduce en una restricción que no alcanza ni a mitad de presencia en la escuela.
Y lo peor, con la nueva Ley 4 de febrero de 2018 se ha perdido la libertad para elegir la lengua materna en Educación, motivo que ocasiona fracaso escolar, discriminación y pérdida de oportunidades. También es una manera de apartar a los alumnos de las tendencias económicas de siglo XXI de internacionalización y uso de lenguas globales, precisamente las que son necesarias para una comunidad autónoma volcada al turismo y a la producción industrial, con alto grado exportación y presencia internacional.
Esa es la triste realidad que vivimos muchos padres en Alicante, vemos cómo a nuestros hijos se les impone el valenciano sin que nadie realmente lo hable en la calle y con nuestra negativa expresa.¿Hay alguna vía legal para luchar contra esta dictadura lingüística?