La Consellería sigue sin publicar instrucciones que garanticen la transparencia y el correcto retorno al decreto 2012. Idiomas y Educación exige su publicación para los alumnos que van de 4 años de Infantil hasta 6º de Primaria. La asociación propone que se use la web de la Consellería para presentar «TODOS» los detalles lingüísticos (PLCs, lenguas base, libros de texto, lenguas vehiculares en las materias troncales, específicas o de libre disposición…) de cada centro, tanto del curso actual como del anterior, en base a una transparencia que viene recogida en la legislación vigente, desde los reglamentos orgánicos de centro, la legislación en vigor de plurilingüismo, las resoluciones de organización de centro y la propia regulación de transparencia en la Comunidad Valenciana.
Con el Decreto Ley, Marzá envía un mensaje muy claro a la comunidad educativa: que entre los jueces y el Consell el que manda es el Consell. La urgencia que argumenta para la publicación del Decreto Ley solo procede de su propia inacción, al no dictar instrucciones cuando tocaba. Ahora ya han transcurrido cuatro meses desde el 23 de mayo, fecha en que se dictó la suspensión cautelar. Aún con ello faltan instrucciones por dictar para el regreso al decreto de plurilingüismo ahora en vigor, el 127/2012. La imposición lingüística no solo afecta a los niños de 2 y 3 años, sino también de 4 años en adelante, tanto de Infantil como Primaria, motivo que exige procedimiento y transparencia para evitar la manipulación que se practica en los centros, como nos comentan algunos padres.
Instrucciones que debería haber publicado, en todo caso, Marzá
Es necesario garantizar la aplicación del Programa Lingüístico de Centro (PLC) en todos los centros y hay que hacerlo de manera transparente. La forma de hacerlo debería haber sido publicando el PLC de cada centro en los canales o lugares correctos, cosa que no han hecho los centros ni en el curso anterior ni tampoco en éste. Los padres están desesperados, de ver cómo el valenciano entra en la educación con el decreto 2012, ahora «por lo bajini» y sin ningún procedimiento que garantice la transparencia. La legislación de 2012 recoge el derecho de los padres a que los programas se ajusten a los entornos sociolingüísticos de los centros, cosa que tampoco se ha respetado, y la legislación en vigor indica unos plazos para cambiar programas, pero la realidad es que en este curso no se ha contado con esos plazo por lo que no puede haber cambios.
No se puede tocar ni trastocar, no debe haber cambios en los PLC, y por tanto tampoco un PLC diferente al que había en septiembre 2016, ni tampoco puede haber cambio en las lenguas base de las líneas que hay en cada centro, ni en las lenguas vehiculares de las materias. Tampoco de las lenguas en los libros de texto. La realidad es que aprovechando el caos existente hay centros que ahora acosan con cambios en las lenguas vehiculares, en las compras de libros, que ahora vienen del instrumento Banco de Libros, continuidad del proyecto Xarxa Llibres y que se ha convertido en nuevo recurso de la imposición y el chantaje. No se está respetando nada de todo esto porque seguimos sin instrucciones. La Consellería se ha reído del TSJ con el Decreto Ley y con la no publicación de instrucciones.
Las instrucciones que debería haber publicado la Consellería el día 24 de mayo, día siguiente de la suspensión cautelar:
● Garantías en la aplicación del PLC. Para ello es necesario informar a los padres de cada centro cómo eran las lenguas vehiculares en septiembre de 2016 y cómo lo son ahora. No solo debe haber repetición, también debe haber garantías en esa repetición. Esa información debería ser pública, como indica la legislación vigente, así como también deben ser las actas y los acuerdos en las reuniones de los consejos escolares de centro.
● Instrucciones para la transparencia. Dada la situación de caos e incluso de pánico por el decreto suspendido y por la no publicación de instrucciones ¿Dónde están las garantías para la aplicación de transparencia, en este caso aplicado al artículo 66 del Decreto 233/1997 de Reglamento Orgánico y Funcional? Es necesario informar a los sectores representados poniendo los acuerdos adoptados de los consejos escolares, en los canales de comunicación con la comunidad educativa, o en la colocación en el tablón de anuncios de cada centro.
● Garantías de número de lenguas base (líneas PPEC y PPEV), para el derecho de padres y niños de que sean las mismas que en septiembre de 2016. Es decir, que si antes había un determinado número de líneas en castellano y en valenciano ¿Cómo se garantiza la repetición de lenguas base? Falta una publicación pública también sobre ello.
● Garantías de que los libros de texto correspondan a las lenguas vehiculares que describen los PLCs ¿Dónde están esas instrucciones que garantiza eso? Este aspecto conlleva una negligencia adicional al ser los centros los que, al amparo del Banco de Libros (continuidad del proyecto Xarxa Llibres), podrían convertir un proyecto que era de ayudas a los padres a un instrumento manipulador para apoyar la imposición lingüística. Para eso no era el Xarxa Llibres.
● Instrucciones en la adjudicación de profesores al cambiar los niveles lingüísticos en los centros. De hecho, dado que la suspensión cautelar procede de 23 de mayo, es inaudito que haya habido adjudicaciones de las comisiones de servicio, de funcionarios de carrera en expectativa y de interinos, todos ellos en la segunda quincena de julio, sin que la Consellería haya pronunciado intrucciones, y que siga sin pronunciarse en cómo se resuelve éste proceso.
● Información a padres, centros y consejos escolares municipales. Hace falta una explicación de la suspensión del decreto 9/2017 que defina unos niveles lingüísticos que ahora no se van a aplicar. Ni ha habido instrucciones a los centros, ni a los consejos escolares municipales que participan en la escolarización y, por supuesto, tampoco información a los padres, algo que nunca ha habido en este proceso manipulador que se inició el 21 de septiembre de 2016 con la publicación del borrador del decreto.
● Instrucciones sobre la situación transitoria. También falta explicar cómo va a ser el calendario de este curso, que supone un horizonte incierto en función de cuándo se pronuncie el TSJ. Hay que explicar si en enero se pueden solicitar cambios del PLC, como dice la legislación vigente, o si se pueden hacer encuestas a los padres para ajustar éstos a los contextos sociolingüísticos de los centros. Si se paraliza todo a la situación de septiembre de 2016 (inicio del curso anterior) o si se podrán solicitar cambios en los Programas Lingüísticos de Centro, o en las Lenguas Base, ya que hay plazos y fechas señaladas en el primer trimestre para esas gestiones, antes del 1 de abril, en que se inicia un nuevo proceso de escolarización. Esto depende de cuándo el TSJ resuelva los recursos, pero si no lo hace a corto plazo también hacen falta estas instrucciones. La suspensión cautelar del decreto no solo afecta a los niños de 2 y 3 años.
EN RESUMEN: Faltan instrucciones, falta transparencia, no sabemos cuándo el Consell va a dar respuesta al requerimiento del Alto Tribunal. Ya llevamos cuatro meses desde el 23 de mayo y lo único que tenemos sobre la mesa es un decreto ley que no resuelve, sino que marca una imposición para que los padres de niños de 2 y 3 años den por perdido su derecho de escolarizar correctamente, y den por perdido el derecho de que sus hijos inicien sus primeros estudios en su lengua materna, el castellano.
Idiomas y Educación