Idiomas y Educación solicita recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Plurilingüismo a los entes legitimados, y actuación de la Fiscalía por posibles delitos

Idiomas y Educación solicita a 50 diputados, 50 senadores, al Defensor del Pueblo o al Presidente del Gobierno, que presenten un recurso de incostitucionalidad sobre la Ley 4/2018 de Plurilingüismo de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, insta a la Fiscalía General del Estado a que actúe de oficio para determinar si Miguel Soler, Vicent Marzà, e incluso Ximo Puig, han incurrido en delito de prevaricación y desobediencia a los tribunales, al ignorar la suspensión del Decreto 9/2017 en la aprobación del Decreto Ley 3/2017, con reincididencia en la Ley 4/2018, como responsables en daños irreparables en la educación de menores. 

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la que estima el recurso interpuesto por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular (compuesto por Idiomas y Educación, Concapa y Covapa), se hace urgente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de una norma manifiestamente ilegal, inconstitucional y que genera un enorme perjuicio a los jóvenes de esta comunidad.

La explicación detallada por el TSJCV en su Sentencia de 26 de abril 2018 de deja claro los motivos por los que considera dicha norma ilegal, y establece una jurisprudencia importantísima para la educación de nuestros hijos. Esos motivos se han trasladado a la nueva Ley de Plurilingüismo que trataba de burlar la suspensión cautelar del decreto, pero el afán de imposición pudo más que su respeto a las leyes y a los tribunales de este país. Los políticos autoritarios que defienden la imposición y el chantaje en su postura, tuvieron que mantener vivo el decreto suspendido mediante un decreto-ley para saltarse dicha suspensión. Ese fue su gran error. Pensaban que eran más listos que la justicia, y que con ello podrían evitarla.

Ese mismo error es el que ha permitido a la justicia pronunciarse de forma muy clara sobre diversos puntos que consideramos fundamentales:

  • El castellano ha de ser lengua vehicular.
  • La decisión de elegir dicha lengua vehicular ha de corresponder exclusivamente a los padres. Ni a los centros, ni a los consejos escolares, ni a las AMPAS. Solo a los padres.
  • Los PLC (Programas Lingüísticos de Centro) se han de adaptar a las necesidades de los padres, después de su elección, no antes, permitiendo una oferta suficiente de ambas líneas en todas las localidades de la comunidad.
  • La excusa de eliminar la doble línea en base a evitar discriminación en los centros es absurda y no ha quedado justificada. Por lo que ambas líneas se deberían mantener.

Los PLC de la nueva ley también serían ilegales, pues el TSJCV menciona “…la nueva Ley 4/2018, que asume y prorroga en su disposición transitoria segunda la referencia en los proyectos lingüísticos de centro (PLC), la razón hemos de verla en el Decreto Ley 3/2017 que asume los PLC del Decreto 9/2017 para el curso 2017/2018”. Y sin que sorprenda a nadie, son exactamente los mismos puntos que existen en la actual Ley de Plurilingüismo, que se ha tramitado en formato de ley con el propósito de limitar la capacidad de los padres y de asociaciones, como la nuestra, para recurrir de nuevo a la justicia y defender nuestros derechos.

Ahora queda solicitar de manera urgente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al Gobierno Central, actuando con determinación y firmeza, a diferencia de otras actuaciones del pasado que pretendían, como primer objetivo, evitar enfrentamientos con los gobiernos regionales. Pero tal como dijo Churchill, “el que se humilla para evitar una guerra, tendrá la humillación y también la guerra”. No sirve de nada la política de consentimiento hacia los nacionalistas. Hay que frenar todo aquello que es ilegal, y  las herramientas para esa declaración de inconstitucionalidad las acaba de presentar el TSJCV de forma clara.

Ante una previsible inacción del Gobierno Central, queremos solicitar la ayuda de 50 diputados o 50 senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad con carácter urgente. Es la manera que nos queda a los padres de frenar el abuso ilegal de la ley que impone el valenciano, que limita nuestras libertades y los derechos de nuestros hijos en la Comunidad Valenciana.

Para el recurso de inconstitucionalidad están legitimados el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores o el Presidente del Gobierno. Este recurso puede interponerse en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley, es decir, que faltan solo tres semanas. Este recurso es una disposición o acto con fuerza de ley para el que hay que presentar demanda ante el Tribunal Constitucional. El plazo puede ampliarse a nueve meses en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Presidente del Gobierno.

INSTAMOS A LA FISCALÍA A INVESTIGAR SI SE HA INCURRIDO EN DELITO DE PREVARICACIÓN Y DESOBEDIENCIA

Desde Idiomas y Educación, por otra parte, solicitamos a la Fiscalía General del Estado a que actúe de oficio para determinar si Miquel Soler (secretario autonómico de Educación) y Vicent Marzà (conseller de Educación) han incurrido en delito de prevaricación y desobediencia, ellos son los designados por la Generalitat como responsables de hacer cumplir el auto de suspensión cautelar del Decreto 9/2017, a requerimiento del TSJCV. Incluso al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por tratarse de una cuestión de responsabilidad en daños irreparables en la educación de un gran número de menores, agravado con reincidencia al dar continuidad a un decreto suspendido a través del Decreto Ley 3/2017, e incluso de la Ley 4/2018, publicada con anticipación a la sentencia para esquivar la legalidad vigente.

Idiomas y Educación

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