El pasado sábado 21 de diciembre de 2019 el diario El Mundo publicó el siguiente artículo: Los tribunales juzgan los proyectos lingüísticos del decreto suspendido https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/12/21/5dfd0172fc6c8340648b45b4.html
En este post os vamos a aclarar la cronología para entender esta demanda presentada por el Partido Popular contra el proyecto lingüístico del colegio Beata Inés de Benigànim, que cuestiona la legalidad de su PLC (Programa Lingüístico de Centro) y también el de otros muchos centros, ya que los programas fueron autorizados tras dictar el TSJ la suspensión cautelar.
El recurso argumenta que Educación debería haber aprobado los proyectos de centro según el decreto del PP de 2012. También expone que se incumple la actual ley con el mínimo de 25% de horas que se imparten en castellano e incluso se incumplen los requisitos de materias troncales. Hay que tener en cuenta que el artículo 8 de la ley 4/2018 dice que la consellería podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley. El problema es que a través de ese artículo se usa una tapadera para que la Consellería de Educación haga lo que le dé la gana en la imposición lingüística, pasándose «por el forro» su propia ley. Incluso parece que, de manera vergonzosa, la Consellería quiere aludir a ese artículo 8 para calmar ahora a la Vega Baja alicantina para que esta imposición lingüística, que se aplica con segundas intenciones, ya que nos conduce al separatismo pancatalanista, tenga aplicación a dos velocidades, para así engatusar a las zonas declaradas de predominio castellano en la Ley de Uso del Valenciano.
Os explicamos detalles de la cronología de la imposición lingüística Marzá, en aquellos aspectos que nos ayuden a entender este recurso.
Cronología
6 de febrero de 2017: La Consellería de Educación aprueba el Decreto 9/2017 de plurilingüismo, también llamado «decreto del chantaje” https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/06/pdf/2017_870.pdf
6 de abril de 2017: Se interponen diversos recursos que acabaron con el decreto 9/2017 (entre ellos el del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, de Idiomas y Educación, Concapa y Covapa) http://bit.ly/2s2OpZj
24 de mayo de 2017: se suspende cautelarmente el decreto por el TSJCV http://bit.ly/2ZdL5q6
25 de mayo de 2017: Idiomas y Educación publica su recomendación para que los padres incluyan en los documentos de matriculación una petición que indique la lengua vehicular elegida (fue en el post “Pánico en la escolarización”), ya que los nuevos PLCs deberían haberse ajustado al decreto 2012, pero la Consellería de Educación no dio instrucciones al respecto, creando confusión http://bit.ly/2riCrKu
10 de junio de 2017: la Consellería menosprecia con desobedencia al Tribunal Superior de Justicia, y sigue tratando a los padres con indiferencia en su proceso de imposición lingüística, por lo que Idiomas y Educación incide en recomendar a los padres que deben comunicar la lengua vehicular deseada simultánemente al director del centro escolarizado, al director del centro donde quiere escolarizarse, al presidente del consejo escolar del centro, al director territorial de Educación y al conseller de Educación http://bit.ly/2PQ1MVM
14 de julio de 2017: Idiomas y Educación realiza 7 advertencias a los directores para que no incurran en delito, ante la confusión creada por la Consellería de Educación y donde se detectan presuntas actuaciones de prevaricación por parte de muchos de ellos http://bit.ly/2sUK0ay
27 de julio de 2017: El TSJ sentencia que el Decreto de Marzà vulnera derechos fundamentales http://bit.ly/2MkToLQ
27 de julio de 2017: El TSJ desestima el informe de la Generalidad Valenciana y exige aplicar la reglamentación anterior, es decir, aplicar el Decreto de Plurilingüismo de 2012 http://bit.ly/2ZpUNGh
1 de agosto 2017: A través del post en el blog de Idiomas y Educación «Uno de agosto y la Generalitat genera todavía más desconcierto en tiempo añadido» en el que la asociación pide la dimisión de siete altos cargos http://bit.ly/2Zemkdu
5 de septiembre de 2017: se publica un Decreto Ley para imponer un PLC en el primer curso de la infantil (3 años) similar al decreto suspendido. Y también dice que los centros deberán aplicar durante el curso 2017-2018 el proyecto lingüístico de centro que tuvieran aprobado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 9/2017, pero no dicta instrucciones ni tampoco procedimenta la gestión, en una clara evidencia de prevaricación de cargos en Educación https://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/05/pdf/2017_7701.pdf
23 de septiembre de 2017: La Consellería sigue sin publicar instrucciones que garanticen la transparencia y el correcto retorno al decreto 2012. Idiomas y Educación exige su publicación a la Generalidad para los alumnos que van de 4 años de Infantil hasta 6º de Primaria. http://bit.ly/35O3Lzt
22 de febrero 2018: se publica la ley de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana. Con ella la consellería de Educación se salta «por el forro» todos los recursos y demandas sobre el decreto 2017, del chantaje. La ley excluye algunos aspectos del chantaje que origina discriminación en los niños y daños irreparables por derechos fundamentales, pero sigue manteniendo discriminación en los niños que pierden su lengua materna en Educación y sigue sin tener en cuenta a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf
26 de abril de 2018: SENTENCIA 25/04/2018 del TSJCV que anula el Decreto Marzá por discriminar al castellano, a partir de la demanda interpuesta por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, entre otras de diferentes entidades. El Foro es una organización participada por la asociación Idiomas y Educación, la confederación Concapa, de padres de la concertada, y la confederación Covapa, de padres de la pública, y planteaba 11 motivos para su impugnación http://bit.ly/35Q1un5
13 de mayo 2018: Idiomas y Educación propone a los padres que denuncien los PLC, ya que son ilegales por diferentes motivos que no pueden ser encajables en el artículo 8 de la ley 4/2018 sobre Proyectos Experimentales, al vulnerar derechos fundamentales del niño. http://bit.ly/371vBIG
13 de agosto 2019: El TSJ admite a trámite un recurso interpuesto desde un centro de Benigánim (Valencia), el que ahora estudian los tribunales para analizar las ilegalidades cometidas en la imposición lingüística http://bit.ly/2EPVDlP
¿Qué es lo que denuncia el recurso del PP contra el PLC del colegio Beata Inés de Benigamin y otros centros de la Comunidad Valenciana?
■ Que los PLC aprobados en mayo de 2017 se aprobaron al amparo de una norma a pesar de haber sido derogada por el Consell y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
■ Que el Consell mantuvo resistencia a acatar las decisiones del alto tribunal valenciano, al dictar el Decreto Ley 3/2017, de 1 de septiembre (que podría ser entendida como desobediencia, tal como declaró en su momento la asociación Idiomas y Educación).
■ Que se deben anular las resoluciones administrativas que autorizaban el proyecto lingüístico de centro. Éstas debían ser anuladas, ya que estaban basadas en un decreto suspendido.
■ Que los padres tienen poco peso en el consejo escolar, y eso es cierto, ya que no permite contrarrestar el efecto contaminante de los profesores que introduce el requisito lingüstico a docentes, ya que les transforma y les convierte en adoctrinadores, como bien conocemos en la aplicación del procés catalán.
■ Que no se tiene en cuenta la lengua habitual de los menores ni la voluntad de las familias, aspecto que vulnera la Constitución Española y los derechos fundamentales del niño.
■ Que se incumple de la actual ley el mínimo del 25% de horas en asignaturas troncales que se impartan en castellano y valenciano.
Idiomas y Educación quiere recordar que el artículo 8 de la ley 4/2018 dice que la conselleria podrá autorizar programas plurilingües experimentales innovadores siempre que cumplan o superen los objetivos establecidos en esta ley. Ese artículo está sirviendo de tapadera a la Consellería de Educación para saltarse la ley y hacer lo que le dé la gana en la imposición lingüística, una aplicación totalitaria que restringe la lengua materna a nuestros hijos y que todos sabemos que tiene segundas intenciones, ya que nos conduce al separatismo pancatalanista. También parece que la Generalitat, liderada por otra facción del partido socialista que muestra evidente orientación separatista, quiere aludir al artículo 8 para calmar a la Vega Baja alicantina para que la imposición lingüística en la Comunidad tenga una aplicación a dos velocidades, pero con un mismo destino separatista. Una vergüenza, ya que ahora buscan reducir tensiones para que nadie incomode en su plan de adoctrinar a nuestros hijos y conformar el ejército separatista, a imagen y semejanza de Cataluña.
Idiomas y Educación ya dio en su día algunas orientaciones para comprobar y denunciar el PLC de cada centro, como las que se presentaron en este post http://www.idiomasyeducacion.es/denuncia
Por último, esta asociación también quiere recordar que el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, dice que los Estados reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. En la Comunidad Valenciana muchos niños pierden la lengua materna para su uso en Educación, aún tratándose de la lengua oficial del Estado Español, y eso ocurre en las materias troncales, como las matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Perder la lengua materna en la educación es una discriminación sangrante https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Idiomas y Educación
yo me veo obligado a cambiar de comunidad autonoma si quiero que mis hijos estudien el idioma paterno y materno.