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Idiomas y Educación rechaza el nuevo proyecto de ley de plurilingüismo, y solicita un referéndum nacional que permita centralizar la gestión de Educación.

Esta mañana nos hemos levantado con una nueva amenaza: PSPV, Compromís y Podemos han anunciado que llevarán a las Cortes Valencianas un proyecto de ley de plurilingüismo, con intención de que la nueva norma esté aprobada en enero y se aplique ya el próximo curso 2018-19. Con este movimiento se anticipan al Alto Tribunal, y lo hacen sin tregua, para orientarse a la imposición del movimiento identitario con el claro objetivo de participar en la creación de los países catalanes. Este objetivo es rechazado por la gran mayoría de la población, pero desde una minoría asentada en lugares estratégicos ya se impone el radicalismo desde la barbacana, que es la Consellería de Educación de Compromís.

La nueva ley marcará un 25 % de exposición lingüística en castellano, referencia que tiene fundamento en lo pronunciado por el propio Ministro de Educación Méndez de Vigo en sus negociaciones del decreto de 2017, suspendido por el TSJ, en donde expuso que el horario lectivo impartido en castellano debía equivaler, al menos, a la cuarta parte del horario total de la etapa. También dijo que se conformaba con que una asignatura troncal se impartiera en la lengua oficial del Estado, aspectos que Méndez de Vigo los extrae de la peor versión que recoge la incoherente jurisprudencia en este país.

Idiomas y Educación lanza la alarma sobre lo que significa esta nueva ley, ya que solo pretende la imposición identitaria para la formación de los países catalanes. Con la nueva ley el castellano contaría con el 25 %, el valenciano con un rango que podría ir desde el 25 al 60 %. Y el inglés, que aunque dice que arrancaría en un mínimo del 15 % la realidad es que la habilitación lingüística del profesorado no alcanza el 3 % de los profesores, con lo que la diferencia, probablemente, acabe recayendo en incremento del valenciano, al menos en los centros públicos. Ya conocemos el carácter manipulador del Consell.

Teniendo en cuenta las materias de Competencia Comunicativa Oral (CCO) que podrán ser en inglés o valenciano, y también las tres horas y media a la semana de libre configuración del nuevo decreto de currículo de Primaria, así como las tutorías o sesiones previstas para proyectos transversales o de refuerzo, que también podrán vehicularse en inglés o valenciano, todo ello significará que ahora la imposición del valenciano vendrá apoyada desde el colectivo docente y de los directores de centro, aunque también es cierto que esto supondrá diferencias notables entre los centros públicos y el resto, privados o concertados, en donde la presencia del inglés podría anteponerse al valenciano en la escuela pública. La discriminación está servida, en especial para las familias con menos recursos, ante esta nueva segregación que vendrá de la mano del proyecto de ley.

En la Comunidad Valenciana, los que conocen y viven el centro docente saben que el requisito lingüístico de los docentes y las ventajas que éste introduce, ya está haciendo mella en el colectivo del profesorado, y también entre los directores de centro, habiendo generado un corporativismo que explota las ventajas de la capacitació para orientarlo a la promoción identitaria. Es decir, lo mismo que ha ocurrido en Cataluña durante muchos años y que ahora llega a la Comunidad Valenciana a ritmo vertiginoso. En la actualidad, el posicionamiento político de los docentes y de los directores de centros públicos responde a un espectro sesgado desde ese corporativismo hasta niveles muy preocupantes, por lo que con esto y con la falta de habilitación de profesores de inglés en el sistema público, nuestros hijos acabarán alcanzando una inmersión que podría alcanzar el 60-70 % de valenciano. El Consell con ello vuelve a esquivar al Alto Tribunal. Lo que pretende de nuevo la Consellería dista de los objetivos de una Educación digna y eficiente, además restringe a padres y a alumnos de derechos fundamentales, olvidando que no son los territorios los que tienen derechos, sino los hablantes, por lo que la nueva ley es un nuevo abuso de autoridad, con los inconvenientes que se presentan a continuación:

● Discriminar a los alumnos de lengua materna en castellano.

● Que los padres pierdan el derecho a elegir lengua vehicular.

● No considerar las singularidades de las diversas partes del territorio.

● No tener en cuenta la importancia del tejido empresarial valenciano ni de la futura inserción laboral de nuestros hijos.

● No permitir un sistema simétrico que ofrezca igualdad de oportunidades a los castellanohablantes y valencianohablantes.

● No tener en cuenta la importancia de las lenguas vehiculares de las materias troncales.

● Que los centros no tengan en cuenta el contexto sociolingüístico, aspecto recogido en toda la legislación vigente.

● Da prioridad al aleccionamiento identitario, y no a la Educación.

Por tanto, el nuevo proyecto de ley es una nueva decepción que confirma que mientras Compromís siga al frente de la Consellería de Educación y mientras el Consell esté presidido por Ximo Puig y formado por Pspv, Compromís y Podemos, la educación no saldrá de la permanente vulneración a los derechos de nuestros hijos, solo orientada al fenómeno identitario y a radicalizar a nuestros hijos en busca de la exaltación que nos dirija a los países catalanes.

Desde Idiomas y Educación consideramos, después de los reiterados ataques a padres y a alumnos, de los continuos movimientos que pretenden restringir derechos y libertades, que la única solución para frenar esta lacra es recuperando la gestión centralizada de la Educación y para ello se propone un referéndum nacional.

Idiomas y Educación