- Quiere eliminar el derecho a los padres para elegir lenguas vehiculares en la enseñanza de sus hijos.
- Quiere eliminar el derecho a los alumnos de estudiar en su lengua materna, siendo ésta la oficial del país.
- Generará daños irreparables entre los niños por altas dosis de discriminación sobre ellos, ya que hay niños con más y con menos:
- Horas de inglés.
- Certificados lingüísticos al acabar cada etapa.
- Recursos en los centros con niveles avanzados.
- Recursos para la formación para los profesores que trabajan en centros con niveles avanzados.
- Denominaciones discriminatorias para los alumnos.
- Alumnos con mayor dificultad en las transiciones de etapa.
- Exigencias en la normalización lingüística que impide la comunicación de los niños con su lengua habitual, el castellano.
- El decreto discrimina gravemente el castellano, lengua de la mayoría de ciudadanos en muchísimos territorios, y lengua de uso exclusivo en algunos de ellos, dentro de esta comunidad.
- No se refuerza el inglés ni el decreto contempla medidas para impulsarlo, aspecto necesario en los sistemas educativos españoles.
- El decreto lo venden como si fuera de seis niveles lingüísticos, pero solo son seis etapas para alcanzar la inmersión en valenciano, de ahí el término Dinámico en el nombre del programa (Programa Educativo Plurilingüe Dinámico). Por cierto, eso de que sean seis niveles es para que parezca inspirado en el Marco de Referencia, pero no tiene nada que ver.
- No se tienen en cuenta los sectores económicos de la comunidad, que exigen con rotundidad el castellano y el inglés.
- Los padres no participan en nada en la decisión de los niveles lingüísticos, pero tampoco han sido informados del decreto. Ni siquiera se les ha respondido a las alegaciones que realizaron sobre el decreto.
- Prentede la imposición a través de un decreto que se aplica con manipulación y con chantaje saltándose su propia normativa reguladora de aplicación, la Resolución de 3 de febrero.
Nuestras respuestas a las declaraciones del director general de Política Lingüística son:
■ Trenzano dice: «El decreto es para que los valencianos sean plurilingües y dominan tanto el valenciano, como el castellano y el inglés»
El decreto solo persigue la imposición, la inmersión en valenciano.
■ «La normativa que debía haberse elaborado hace más de 30 años»
La ley de uso del valenciano ya fue una imposición que calificó territorios valencianohablantes de manera impropia! Por ejemplo, la ciudad de Alicante, es castellanohablante en un 90 %, 3 % valencianohablante y 7 % de extranjeros residentes.
■ «El acompañamiento lingüístico a funcionarios debe garantizar los derechos de la ciudadanía a ser atendidos en valenciano»
Se trata de una nueva imposición que solo generará confrontación, el valenciano iba avanzando por pie propio, por simpatía, el odio generado por ese gobierno destruirá la paz y armonía que caracterizaba a esta comunidad! ¡eso no es aplicar un derecho, eso es imposición al máximo nivel dictatorial para apartar nuestra lengua, el castellano.
■ «Habrá ayudas a los medios de comunicación, ayuntamientos, asociaciones, y universidades…»
La conspiración para la manipulación y el chantaje es de amplio espectro.
■ Trenzano ha trasladado «el profundo malestar del gobierno de la generalitat por la inacción del gobierno central con respecto a la protección del valenciano.
El victimismo es absolutamente incierto. Todo son mentiras. El valenciano ya ocupa un 27 % del sistema educativo en las líneas castellanohablantes, mientras que los padres solo quieren un 11 % en ellas. Las líneas valencianohablantes no son simétricas y ya existe esa inmersión, pero en este momento los padres pueden elegir.
■ «El secretario general de la carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (celrom) del consejo de europa, sixto molina, sabe que…»
La protección de las lenguas es un derecho, no es obligación, y según la esencia de la carta, nunca deben imponerse en detrimento de las lenguas oficiales
Los padres de la comunidad valenciana están asustados ante ese gobierno de la imposición y el chantaje, mucho más en un momento en que se comprueba que, a pesar que el tribunal superior de justicia ha suspendido el decreto, las solicitudes y el proceso de escolarización, que se ha realizado según el decreto suspendido, prosigue, con una desobediencia al tribunal en su más algo nivel de negligencia. Pongamos fin a las dictaduras. Estamos en el siglo XXI.