Idiomas y Educación insta al gobierno a legislar para unificar formatos y mantener los topónimos españoles.

(AL FINAL DEL POST SE INCLUYE UN ANEXO DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TOPÓNIMOS)

La propuesta de Idiomas y Educación pretende que el Gobierno de España legisle para que no se pierdan los topónimos de la lengua oficial del país, e incluso para recuperar los perdidos. También sugiere una mejora en la normativa para unificar formatos y aplicarla en la señalización vertical, que debería contar con la presencia de los topónimos españoles.

Incluso la asociación sugiere que se eleve una propuesta a la Unión Europea para que se desarrolle una recomendación o procedimiento con objeto de confeccionar listas únicas nacionales, ya que este problema no solo lo tenemos en España, sino en todas las regiones con tensiones nacionalistas. El objetivo sería establecer una recomendación que delimite las competencias dentro de los estados miembros para que los topónimos mantengan la versión de la lengua oficial de cada país, en busca de una normalización internacional que podría ser usada en señalización de tráfico, en cuestiones cartográficas, comerciales, turísticas, e incluso en el intercambio de datos.

En Castellón, los nacionalistas del PSPV y Compromís se plantean cambiar el topónimo de la ciudad de la forma bilingüe (Castelló/Castellón) a la forma exclusiva en valenciano, Castelló. Es decir, no se trata de incluir el nombre en valenciano, que ya lo tiene, sino que el objeto del cambio es que desaparezca el topónimo en castellano. Para ello se requiere aprobación en el pleno del Ayuntamiento, con voto favorable de mayoría absoluta.

Al gobierno de España se le acumulan las presiones nacionalistas. En la Comunidad Valenciana, la semana que viene se aprueba una ley educativa que restringe el uso de la lengua oficial del Estado e impone el valenciano, discriminando a los niños que tienen el castellano como lengua materna. También se ataca a toda la sociedad al aplicar exigentes requisitos lingüísticos a funcionarios, con objeto de confundir a padres y alumnos para que acepten que esa lengua como cosa necesaria. Por otra parte se presiona a las instituciones para que eliminen el castellano en las comunicaciones oficiales, y ahora también en los nombres de lugar (topónimos). Todas estas medidas forman parte de una conspiración que atenta contra la integridad de España.

Inicialmente contábamos con una lista oficial de topónimos en castellano. Luego pasamos al uso de topónimos en las dos lenguas cooficiales, y ahora los separatistas atacan para que desaparezca el término en castellano, despropósito que solo avanza en un sentido, hacia la supresión de nuestra lengua común, ante la pasividad y permisibilidad de los gobiernos España que nos han gobernado en las últimas décadas.

En este momento hay diversidad de legislación en las comunidades autónomas, con reglamentos internos que son diferentes entre aquellas que tienen lengua propia, las que generan tensiones en busca de la supresión de los topónimos en castellano. Los topónimos en castellano son los más consolidados en su trayectoria histórica, y es importante mantenerlos para evitar la confusión en las gestiones comerciales, turísticas y administrativas, ya que el siglo XXI está marcado por las relaciones internacionales, la nueva economía y por una integración que exige uniformidad en el uso de topónimos, tanto para el uso ciudadanos locales, regionales, nacionales o como de cualquier otra procedencia. Incluso para la normalización comercial o turística.

Es por ello que Idiomas y Educación insta al Gobierno de España a que legisle para que no se pierdan, e incluso para recuperar, los topónimos de la lengua oficial del país. También que se mejore la normativa de señalización vertical para unificar formatos, recuperando los topónimos españoles.

Idiomas y Educación también sugiere que se eleve a la Unión Europea una propuesta para que se desarrolle una recomendación o procedimiento con objeto de confeccionar listas únicas nacionales, ya que ese problema no solo lo tenemos en España, sino en todas las regiones con tensiones nacionalistas. El objetivo sería que Europa redacte una recomendación que delimite las  competencias dentro de los estados miembros para que los topónimos mantengan la versión de la lengua oficial de cada país, en busca de una normalización internacional, que tendría efectos positivos en la señalización del tráfico, en el uso cartográfico, en las transacciones comerciales y también en uso turístico, teniendo en cuenta también lo importante de contar con listas únicas para el intercambio de datos.

En el caso de Castellón, la propuesta de cambio de topónimo oficial se acompaña de un manifiesto que dicen que procede de un grupo de expertos, con informes técnicos y jurídicos por el que solicitan una «reparación» histórica del nombre de Castellón.

Avalar informes por parte de grupos de expertos es una práctica habitual en el entorno nacionalista para justificar lo inaudito. El último decreto de plurilingüismo, que contemplaba una discriminación salvaje entre los alumnos, y que ha sido anulado por el Alto Tribunal, también era avalado por un grupo de esos expertos. La manipulación separatista en la preparación de libros de texto también está avalada por grupos de expertos, que en realidad no son grupos de expertos, sino manipuladores que solo pretenden imponer la dictadura lingüística y separatista.

TOPÓNIMOS – PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es un topónimo?

Término que procede del griego de tópos, «lugar» y ónoma, «nombre», que representa la denominación propia de un lugar. Nos referimos a poblaciones, provincias, comunidades autónomas y denominaciones geográficas de puntos característicos.

Uso de topónimos en las diferentes lenguas

Para la denominación de lugares, por ejemplo, si quieres decir “London” en español, lo denominas Londres. Si quieres decir “Girona” y “Ourense” en español, pues tienes que decir Gerona y Orense. Otra cosa es que haya que preparar una señalización para una carretera nacional, comarcal o local, o también cualquier tipo de cartelería o comunicación oficial. En ese caso hay que respetar la legislación establecida, que puede exigir el uso del topónimo oficial. Lo que no es normal, especialmente en textos no sometidos a control oficial, es que en español digamos Girona, en lugar de Gerona, o digamos Ourense, en lugar de Orense. Nos estamos equivocando. Cada topónimo en su lengua, al igual que los catalanes se refieren a Zaragoza con el nombre de Saragossa.

Topónimo oficial

Puede ser de nombre único o de doble nombre, por ejemplo, solo en español, o solo en euskera, o bien en español y en euskera, por poner un mero ejemplo con tres posibles opciones. La competencia del uso de topónimos oficiales está en manos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o en algunos casos de los propios municipios, que podrían tener delegada la competencia en la designación del topónimo oficial. En España se están cambiando topónimos oficiales. El objetivo es que desaparezca el topónimo español, como medida de acompañamiento a la manipulación educativa y a la imposición lingüística, en la que ni siquiera se plantea la posibilidad de consultar a los ciudadanos los cambios para unos topónimos que están vigentes desde hace muchos siglos.

Normalización nacional

El objetivo de las Naciones Unidas es establecer formas escritas utilizables y coherentes de los topónimos y sus aplicaciones en todo el mundo, tarea que depende del uso oficial de nombres dentro de cada país. Un grupo de expertos suele definir la normalización nacional de nombres geográficos dentro del ámbito de cada estado. https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_88s.pdf

Normalización internacional

Debido a las necesidades del comercio y de las relaciones internacionales es importante contar en todo el mundo con normas uniformes en relación con los nombres propios geográficos. Se necesitan nombres precisos para garantizar la claridad de las comunicaciones y facilitar la gestión de sus actividades, así como para la elaboración de normas en el intercambio de datos toponímicos.

¿Por qué es bueno concretar los topónimos de manera definitiva?

Para aumentar la seguridad, la eficacia, la claridad y la comodidad, facilitando así la gestión administrativa, su difusión, la cartelería, la cartografía y el intercambio de datos.

España y los topónimos

Tenemos demasiada fiebre por el cambio de topónimos. En la antigüedad el nombre de un lugar podría tener vigencia durante siglos, e incluso milenios. Pero ahora, si en 4 años un gobierno cambia de color, bien sea en la comunidad autónoma como en los municipios, puede que tengamos que estar cambiando los topónimos oficiales, y por tanto la cartelería y el uso administrativo de ese nombre. Nos estamos volviendo locos.  Es inaudito que no se alcance un consenso definitivo, ya que no vamos a parar con este problema.

El asedio nacionalista

España vive un momento en el que las comunidades autónomas con lengua propia están imponiendo diversas líneas de ataque a la lengua oficial del Estado: en el sistema educativo, a través de los requisitos lingüísticos a funcionarios, en el uso de la redacción de documentos oficiales, cartelería… Es necesario frenar a esas fuerzas que usan la manipulación y el engaño para crear división, aislamiento, marginación y pobreza, con un único objeto de reconducir los territorios hacia el separatismo. Una de las líneas que usan los nacionalistas en busca de la división y el separatismo son los topónimos.

¿Qué pedimos desde Idiomas y Educación?

Idiomas y Educación pretende que el Gobierno de España legisle para que no se pierdan los topónimos de la lengua oficial del país, e incluso para recuperar los perdidos. También sugiere una mejora en la normativa de señalización vertical, para unificar formatos y para que siempre haya presencia de los topónimos españoles. Incluso sugiere elevar una propuesta a la Unión Europea para que se desarrolle una recomendación o procedimiento con objeto de confeccionar listas únicas nacionales, ya que ese problema no solo lo tenemos en España, sino en todas las regiones con tensiones nacionalistas, para establecer una recomendación que delimite las competencias en los estados miembros para que los topónimos mantengan la versión de la lengua oficial de cada país, en busca de una normalización internacional.

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