Lo que procede ahora es la denuncia en la fiscalía, en caso de que ésta no actúe de oficio, para que el coste de las actuaciones de la policía en la lucha contra el referéndum 1-O y la declaración de independencia, ambos ilegales, recaigan sobre la entidad que las puso en marcha: la Generalitat. Es decir:
- Los 87 millones de euros de gastos extraordinarios de desplazamiento de los policías.
- 48 millones de euros de coste salarial de esos policías durante esos tres meses, en todos sus conceptos.
- 15 millones de euros de la diferencia de salarios entre lo que ganan los policías nacionales o guardias civiles con los mosos de escuadra, es decir, ese cuerpo que debería haber hecho su trabajo y que no lo ha hecho.
En total, 150 millones de euros que deben ser cobrados a Cataluña y que podrían dirigirse a financiar asociaciones y entidades, que, a diferencia de los gobiernos que han gobernado mal y sin escrúpulos en los últimos 40 años, y que siguen sin poner solución a esta lacra, para que esas entidades que luchan sin ningún tipo de apoyo ni financiación puedan ofrecer una oportunidad para enderezar y poner fin a la deriva separatista en este país, actuando contra:
- El adoctrinamiento en las aulas.
- El uso de nuestros hijos como instrumento de manipulación política.
- La resurrección y el impulso de lenguas muertas en un siglo XXI de comunicación global, con el único objeto de exaltar movimientos separatistas.
- Evitar la pérdida del derecho de los padres a elegir la lengua vehicular del Estado.
- Eliminar los requisitos lingüísticos en funcionarios y docentes de esas lenguas muertas para que prolifere el cáncer de los corporativismos separatistas.
- La manipulación de los medios de comunicación.
- La financiación de entidades que nacen y se desarrollan con el objetivo del separatismo.
- La creación de cuerpos de seguridad que solo generan inseguridad.
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