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Idiomas y Educación dice que las sentencias de Cataluña para vehicular un mínimo del 25 % en cada lengua no son aplicables a la Comunidad Valenciana.

La asociación exige que el nuevo modelo de libre elección de lengua en la enseñanza sea de líneas puras.

EL PACTO PP y VOX DE LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA

El punto 27 del PACTO firmado por PP y VOX de gobierno en la Comunidad Valenciana el pasado 13 de junio de 2023 dice así: “Garantizaremos la libertad de educación, la libre elección de centro Y LA LIBRE ELECCIÓN DE LENGUA DE ENSEÑANZA entre las dos oficiales en todas las etapas educativas.”

El texto del punto 27 del pacto es claro en que en la reforma de la ley de plurilingüismo habrá dos líneas, una en lengua oficial, el español, y otra en lengua cooficial, el valenciano. Teniendo en cuenta que las materias lingüísticas ocupan, aproximadamente un 35 % de los periodos lectivos como término medio en las etapas de primaria y secundaria, queda por resolver el modelo para vehicular el 65 restante.

VEHICULAR MATERIAS EN EDUCACIÓN SOLO SIRVE PARA EL FRACASO ESCOLAR Y EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS AULAS

Idiomas y Educación aprovecha para recordar que el fracaso del informe PISA en España se refleja principalmente en las comunidades autónomas que vehiculan materias de enseñanza con lenguas diferentes a la materna. A través de esa práctica ni se aprende la materia ni tampoco la lengua. En otras comunidades, como Madrid, se está retirando el bilingüismo. Durante un tiempo se ha estado vehiculando en lengua extranjera las áreas de Ciencias Sociales en Primaria y de Geografía e Historia en la ESO y Bachillerato. El resultado final ha sido NO aprender la materia ni la lengua.

Esta asociación también denuncia, y lo lleva haciendo desde su creación en 2016, que vehicular en lengua cooficial es el instrumento que usa el proceso independentista para aleccionar a los niños en doctrina identitaria y su conversión en separatistas, modelo ya bien conocido en su aplicación en Cataluña y su deriva durante más de 40 años.

EL INFORME DE LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSELLERÍA SOBRE EL 25 %

A partir del informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana de finales de 2023 para poner límites en la reforma en la que trabaja el gobierno valenciano para la ley de plurilingüismo, éste decía que se ha de garantizar la enseñanza del idioma valenciano, tal como indica la Ley de Enseñanza y Uso del Valenciano. También mencionaba que el alumnado debe alcanzar el dominio del valenciano al finalizar la educación básica, refiriéndose a las zonas designadas de predominio de la lengua valenciana, aunque la designación de estos predominios sea falsa. Idiomas y Educación resalta que es con la materia lingüística como se aprende la lengua.

A partir de ese informe, la Consejería de Educación se ha pronunciado diciendo que las familias decidirán la lengua base de enseñanza para cada centro a través de una consulta, pero siempre cumpliendo un mínimo de presencia de la otra lengua. También ha dicho que ese mínimo será el que fijó la famosa sentencia de Cataluña, el 25 %, pero ese porcentaje es contraproducente y no cuenta con fundamento jurídico para un modelo de elección de lengua.

IDIOMAS Y EDUCACIÓN DENUNCIA QUE EL 25 % NO ES APLICABLE A LA COMUNIDAD VALENCIANA

La asociación ha recibido asesoramiento de catedráticos y expertos en derecho constitucional y derecho internacional, concluyendo que las sentencias a que se refiere la Abogacía de la Generalitat vienen referidas a los recursos N° 2548/2014 y 2549/2014, resueltas por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso sección 4, el 23 y 28 de abril de 2015, pero éstas son aplicables solo a Cataluña, debido a que el modelo educativo que rige allí es de conjunción lingüística. En resumen, se pueden ofrecer dos posibilidades: o la Comunidad Autónoma ofrece un sistema de conjunción lingüística con una parte en español y otra en lengua cooficial, o bien, como se ha decidido en la Comunidad Valenciana, un sistema de líneas diferenciadas, como así lo pide la comunidad educativa y porque ese fue el acuerdo de PP y VOX de libre elección de lengua, por lo que los derechos de todos los ciudadanos quedan contemplados en el modelo de líneas puras.

Hay varios motivos por los que Idiomas y Educación exige un modelo de líneas puras: por la calidad de educación; por la lucha contra la presión adoctrinadora en identidad, diferenciación, odio y separatismo; por el conocimiento de la lengua valenciana, que se alcanza a través del estudio de la materia lingüística y no vehiculando materias; y también porque el español es derecho y es deber en todo el territorio español, según el artículo 3 de la Constitución Española, siendo el valenciano solo derecho en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por todo ello la asociación exige que el modelo no debe contemplar ningún porcentaje.

Idiomas y Educación

ANEXO DE REFERENCIAS LEGISLATIVAS Y DOCTRINA

  • El Tribunal Constitucional ha indicado en varias ocasiones que es la Comunidad Autónoma la que configura el sistema educativo. El legislador puede optar por un único modelo (como sucede en Cataluña o Galicia) y entonces no puede excluir ninguna lengua cooficial como vehicular. Así lo dejó claro la sentencia del TC de 31/2010, pero también las dos sentencias de abril de 2015 mencionadas en el texto anterior. Los fundamentos jurídicos mencionados quedan bien expuestos en las sentencias referenciadas en este POST, del blog de Rafael Arenas, catedrático de derecho internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona.
  • El Tribunal Constitucional ya dictó sentencia en 87/1983 de 27 de octubre diciendo que, en el País Vasco, si se ofrece una línea 100% en la lengua minoritaria hay que ofrecer lo mismo 100% en español, porque debe haber igualdad, doctrina clara que ya se recoge en la sentencia, que dice que existe el deber constitucional de asegurar el conocimiento tanto del castellano «como de las lenguas propias de aquellas comunidades que tengan otra lengua como oficial».
  • Por otra parte, la sentencia 337/1994, de 23 de diciembre del Tribunal constitucional dice que en los territorios en los que junto al castellano hay otra lengua oficial la situación no es de coexistencia, sino de convivencia, lo que exige a los poderes públicos preservar el bilingüismo, lo que lleva a la necesidad de fomentar el conocimiento y asegurar la protección de las diferentes lenguas oficiales.